Mientras la inmobiliaria El Refugio defiende al proyecto Maratué como desarrollo urbano planificado a 45 años y respetuoso con el entorno, la agrupación Salvemos Quirilluca denuncia riesgos ambientales, tala masiva de bosque nativo y falta de estándares sanitarios. El Comité de Ministros deberá resolver la disputa.
Por Daniela Salvador Elías
Los vecinos de Quirilluca viven momentos de tensión ante el avance del proyecto “Desarrollo Urbano Maratué”, impulsado por la inmobiliaria El Refugio, ligada a la familia Lería. La iniciativa, que se emplazará en el ex Fundo Quirilluca y limita con Campiche, El Médano, Puchuncaví y el borde costero, suma años de controversias ambientales y reclamos ciudadanos.
Maratué ingresó a tramitación ambiental en 2017 y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2019. Sin embargo, opositores interpusieron recursos de reclamación cuyos argumentos fueron admitidos por el Comité de Ministros y el proyecto perdió su RCA en el año 2021. A pesar de ello, el procedimiento implicó retrotraer la evaluación ambiental a su fase regional, cuestión que fue reclamada ante tribunales ambientales y la Corte Suprema por los opositores, entidad que confirmó que el proceso se ajustó a la normativa y que retrotraer era lo idóneo.
El plan contempla intervenir un terreno urbano de 1.045 hectáreas, donde se proyecta la construcción de 14.180 viviendas durante un plazo aproximado de 45 años. De ellas, 2.000 serán destinadas a soluciones habitacionales con subsidio. La inmobiliaria asegura que el terreno cuenta con factibilidad eléctrica y sanitaria y que el 70% de las viviendas corresponderá a primera vivienda.
Además, el proyecto incluye 125 hectáreas de área de conservación —equivalente a casi el doble del Parque O’Higgins— y asegura que más del 50% del terreno será destinado a áreas verdes, parques y zonas de conservación activa.
La propuesta de la inmobiliaria: vivienda, naturaleza y planificación
Según la inmobiliaria El Refugio, el proyecto Maratué busca convertirse en un modelo de desarrollo urbano sostenible que combine integración habitacional, conservación ambiental y calidad de vida. Su planificación urbana fue diseñada junto a Foster + Partners bajo un esquema de “clústeres” o núcleos interconectados por corredores verdes.
La empresa sostiene que el proyecto se integra al territorio: “El desarrollo urbano y la protección del medioambiente no son objetivos opuestos, sino complementarios. Maratué demuestra que es posible crear ciudad y conservar al mismo tiempo”, afirma Felipe Lizana, gerente del proyecto.
Entre sus prioridades, aseguran, están la protección de los atributos ambientales, destacando dentro de ellos el paisaje costero, la vegetación nativa y hábitat de especies como el chungungo, el belloto del norte y aves marinas que anidan en los acantilados de Quirilluca.
De acuerdo a Claudia Lería, directora ejecutiva del proyecto. “Maratué destina más del 50% de su territorio a naturaleza, espacio público y conservación activa. El Área de Conservación Quirilluca contempla 125 hectáreas continuas de protección, lo que la convierte en el parque urbano privado más grande de Chile. Sumado a los parques, corredores ecológicos y áreas verdes proyectadas, el proyecto reafirma un modelo urbano basado en el equilibrio: hacer ciudad preservando la mayor parte del suelo como paisaje protegido y áreas verdes para la comunidad».
La tala de bosque nativo: cifras enfrentadas
Uno de los puntos más controversiales es la posible tala de 137 hectáreas de bosque nativo esclerófilo costero.
La inmobiliaria sostiene que esa cifra corresponde al “peor escenario” modelado por exigencias ambientales y que no representa la intervención real que se hará. Afirman que el diseño urbano evita afectar zonas sensibles y que mantienen desde 2017 un programa de monitoreo ecológico que incluye censos de piqueros, seguimiento de chungungos y vigilancia del bosque esclerófilo.
Pero Ricardo Quero, integrante de Salvemos Quirilluca, contradice esta versión. “El diseño requiere talar alrededor de 137 hectáreas de bosque nativo, además de más de 400 hectáreas de matorral esclerófilo, una especie con poca representatividad en la zona central. Esto es un retroceso ambiental”, sostiene, argumentando que la tala de bosque nativo y matorral es parte del informe de la Resolución de Calificación Ambiental.
La agrupación acusa que el área de conservación propuesta por la inmobiliaria —125 hectáreas— está definida bajo criterios económicos y no ecológicos, citando estudios de la Universidad Católica de Valparaíso que señalan que deberían ser alrededor de 250 hectáreas de la zona costera; además del Ministerio del Medio Ambiente que recomienda conservar alrededor de 367 hectáreas, incluyendo los humedales en el sector.
Normas de arsénico y otras alertas ambientales
Otro punto crítico es la presencia de arsénico en sectores del terreno. Según Salvemos Quirilluca, el proyecto fue aprobado usando normas de referencia industrial e internacionales más permisivas.
La Seremi de Salud de Valparaíso habría objetado estos parámetros, debido a los peligros para la salud humana por el arsénico, y porque el proyecto no utilizó las normas que la autoridad había solicitado.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas también votó en contra, debido a la falta de garantía de agua potable. En este escenario, la Seremi de Desarrollo Social, argumentó desigualdades ante la ley, “porque algunos criterios bajos los cuales se evaluó la inmobiliaria, fueron más permisivos que otros proyectos en la región. A pesar de ello, otras Seremis votaron a favor y el proyecto se aprobó”, indica Ricardo Quero.
Desde la inmobiliaria, en tanto, señalan que ello quedó zanjado en los pronunciamientos de los servicios. Agregan que el proyecto no representa riesgos, al contrario, aportará beneficios a la comuna al ofrecer viviendas dignas y evitar futuros desarrollos industriales cercanos a la población. Comentan que durante la evaluación se hizo un análisis de riesgo aplicado siguiendo estándares técnicos y científicos internacionales, estableciendo niveles de seguridad equivalentes a los utilizados en la regulación del agua potable, alimentos y aire, manteniendo así estándares de riesgo aceptable para la salud pública.
A esto se suman dudas respecto a la disponibilidad de agua potable y la veracidad del destino de las viviendas con subsidio, que según Ricardo Quero serían emplazadas lejos de la costa, mientras que la primera línea quedaría destinada a segundas viviendas.
Sobre el agua potable, desde Maratué, aclaran que cuenta con factibilidad sanitaria otorgada por la empresa concesionaria Aguas Santiago Norte, mientras que, de la ubicación de las primeras viviendas, precisan se optó por emplazarlas más cerca del núcleo urbano para dar continuidad a Puchuncavi y porque, además, es donde mejor se cumplen los criterios del Serviu.
Relación con las comunidades: dos miradas contrapuestas
La inmobiliaria afirma mantener un diálogo permanente con instituciones y vecinos durante los más de siete años de evaluación ambiental, incorporando observaciones y medidas de mitigación. Destacan el trabajo con más de 400 familias inscritas en comités de vivienda de Puchuncaví y la cesión de 50 hectáreas para equipamientos municipales.
También subrayan que el Parque Quirilluca Maratué será gratuito, abierto al público y orientado a la educación ambiental.
Pero desde Salvemos Quirilluca critican que los espacios protegidos sean insuficientes y que la participación ciudadana no ha sido vinculante:
“La empresa tiene mil hectáreas y solo conservan el 10%. Para que el proyecto sea aceptable deberían proteger, al menos, 367 hectáreas”, sostiene Quero.
Empleo y dinamismo territorial, según la empresa
La inmobiliaria asegura que Maratué generará empleo directo e indirecto en construcción, servicios, turismo y educación ambiental. También destacan que la cercanía con el polo industrial de Quintero permitiría acercar la vivienda al empleo, reduciendo desplazamientos.
Un futuro en suspenso
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase determinante: si bien cuenta con la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), sigue enfrentando reclamaciones de vecinos y cuestionamientos de agrupaciones ambientalistas. ”Los recursos de reclamación interpuestos por las organizaciones de Puchuncaví, fueron admitidas a trámite y los cuestionamientos no han sido subsanados”, indica el integrante de Salvemos Quirilluca.
Será el Comité de Ministros el que tendrá la última palabra sobre el futuro de uno de los proyectos urbanos más grandes y polémicos del litoral central.
Noviembre, 2025
